Desde el MSR pedimos la ilegalización del Partido Popular
Desde el
Movimiento Social Republicano nos alegramos que por fin salgan a la luz
con pruebas físicas evidentes cómo los grandes partidos políticos
profesionales, los mismos que nos han hundido en esta crisis económica,
social e institucional, son los que se han enriquecido durante años a
través de financiación ilegal lucrando a sus dirigentes con sobresueldos
y costeando gastos banales a cargo del partido, todo saliendo del
bolsillo de los españoles.
Con los últimos mensajes de móvil entre Rajoy y su extesorero del partido Luis Bárcenas difundidos en el periódico El Mundo,
se comprueba cómo el presidente del Gobierno español, conocedor del
proceso judicial al que se sometía Bárcenas, ha tratado en todo momento
de mantener su fidelidad y “amistad” con tal que Bárcenas no terminara
haciendo lo que ha hecho: destapar pruebas y admitir la financiación
irregular del PP durante más de 20 años.
Por todo
ello, y para reparar el daño que estos hechos han ocasionado a los
españoles, víctimas de un sistema de partidos corrompido en el que se ha
engañado reiteradamente, el MSR:
·
Exige la ilegalización del Partido Popular en arreglo a la propia
Constitución Española en su artículo 22.4, en el que se especifica que
las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de
resolución judicial motivada, siendo en este caso constitutivo de delito
la financiación irregular del PP según la Ley Orgánica de 1987
específica para la financiación de partidos –modificada en 2007 y 2012-
que asume la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos Capítulo IV
artículo 13.
La misma Ley de Partidos Políticos establece en su artículo 5 que la suspensión o disolución de los partidos políticos solo podrá acordarse por decisión judicial. Y entre las causas figuran que la organización o actividades de aquellos sean contrarios a los principios democráticos. En este caso, el artículo 515 del Código Penal permite actuar contra un partido político donde exista una concertación de voluntades dirigida a la persecución de fines proscritos por el Código Penal, como la voluntad colectiva partidista orientada a la comisión de delitos y siendo insuficiente el propósito individual de alguno de ellos.
La misma Ley de Partidos Políticos establece en su artículo 5 que la suspensión o disolución de los partidos políticos solo podrá acordarse por decisión judicial. Y entre las causas figuran que la organización o actividades de aquellos sean contrarios a los principios democráticos. En este caso, el artículo 515 del Código Penal permite actuar contra un partido político donde exista una concertación de voluntades dirigida a la persecución de fines proscritos por el Código Penal, como la voluntad colectiva partidista orientada a la comisión de delitos y siendo insuficiente el propósito individual de alguno de ellos.
· Si
bien la finalidad del PP se presume no es antidemocrática, esto es,
destruir o debilitar el Estado democrático y de Derecho en España, ni
una finalidad lucrativa directamente, lo que es cierto es que el PP ha
incumplido reiteradamente y con conocimiento de causa la ley en cuanto a
la financiación permitida para un partido político, por lo que no ha
cumplido ni sus deberes democráticos constitucionales ni con la ley
vigente, por lo que existen fundamentos suficientes para exigir su
ilegalización y disolución.
· Que sea devuelta la cantidad malversada a la Hacienda Pública para su correcta distribución.
· El
procesamiento de todos los implicados, beneficiarios o no, de dicha
financiación irregular y el restablecimiento de la justicia.
·
Incluimos en esta petición, caso de demostrarse, al PSOE, según las
recientes declaraciones de Rafael González Palomo ante la juez Mercedes
Alaya, empresario detenido en la “operación Madeja”, en las que admite
haber entregado un sobre con 30.000 euros “para el PSOE” al ex asesor
del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y ex director de área de Vía
Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño. De
prosperar el proceso y demostrarse esta supuesta financiación ilegal, el
PSOE tendrá que responder en idénticos términos que el PP.
El MSR es
consciente que su demanda no encontrará mayor eco que en la ciudadanía,
molesta, indignada y asqueada ante esta partitocracia corrupta y nada
representativa de sus intereses. Tampoco interesará a los grandes
partidos con representación parlamentaria, puesto que pueden ser
susceptibles de investigación y, llegado el caso, correr la misma suerte
que quisiéramos tuviera el PP.
El MSR ni
recibe subvenciones del Estado, ni se financia de forma irregular.
Queremos retirar las subvenciones a los partidos políticos en
consonancia con nuestro programa político: los partidos políticos deben
de autofinanciarse de forma legal, clara y transparente, sin recibir
ninguna subvención pública por parte del Estado o por lobbies de
presión.
Debemos ilegalizar con sus propias armas a los que están vendiendo la patria a Bruselas mientras se embolsan nuestros impuestos.
Comité Ejecutivo del Movimiento Social Republicano